Abortar en Ecuador

El COIP establece en su articulo 149 que el aborto consentido será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años a la mujer* que se practique un aborto y con una pena de uno a tres años para la persona que realice el aborto. En su artículo 150 menciona que este no será punible si se lo realiza para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada (siempre que no se lo pueda evitar de otro modo), o si este es consecuencia de una violación a una mujer que padezca una discapacidad mental. Y, en su código 148 se establece una pena de cinco a siete años para quien haga abortar a una mujer que no ha consentido a ello. En este pequeño ensayo de opinión hablaremos sobre la verdadera “punibilidad” del aborto, la judicialización y criminalización de las personas que abortan, la maternidad forzada en niñas, el aborto como un derecho humano y cómo el Estado burgués nos niega la capacidad de decisión.

Gracias al artículo 148 del COIP queda claro que el aborto en verdad es “punible” sólo cuando nosotrxs, quienes abortamos, quienes decidimos con autonomía sobre nuestro cuerpo interrumpir un embarazo, abortamos. No olvidemos que en octubre de 2018 Sebastián C. atacó a su pareja de catorce semanas de embarazo frente a la mirada indiferente de muchos y le provocó un aborto ¿y cuál fue la pena que recibió? Seis meses de prisión, el pago de $3.000 por reparación integral y una multa de dos a tres SBU. Con este ejemplo mediático, de tantos que ni siquiera escuchamos, comprobamos lo que ya sabíamos, para el Estado ecuatoriano el verdadero “delito” es que tengamos autonomía sobre nuestras cuerpas, que tengamos la capacidad de decidir. Se comprueba que es menos grave que alguien nos violente y nos cause un aborto, a que nosotrxs consciente y autónomamente decidamos terminar un embarazo.

A esto se suma la condición económica y social de la persona que decide practicarse un aborto. Como sabemos, la ley de ciega no tiene nada y al ser parte conformante del Estado burgués se convierte en un órgano de dominación de clases. Es así que, de acuerdo a un informe presentado por INREDH, Surkuna, el Taller de Comunicación Mujer y la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador en febrero del 2018 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 100% de las mujeres que han sido judicializadas y criminalizadas por abortar tienen escasos recursos económicos. Es decir, son mujeres populares, proletarias. El 69% tenían entre 14 y 19 años, por lo que algunas de ellas ni siquiera eran mayores de edad y por lo tanto su embarazo probablemente es producto del estupro. Y, el 40% eran mujeres afroecuatorianas. Tenemos claridad que la burguesía y la pequeña burguesía también aborta, la diferencia es que por su condición de clase tienen la oportunidad de hacerlo en mejores condiciones y no son criminalizadas, a diferencia de las clases populares.

De igual manera, es importante recalcar que muchas veces son niñas a las que se les obliga a continuar con un embarazo, a las que se les fuerza a ser madres. En el mismo informe antes citado se menciona que para el 2015 2.769 niñas quedaron embarazadas producto de una violación, de 2013 a 2018 11.071 niñas entre 10 y 14 años fueron obligadas a continuar con el embarazo y en el 80% de los casos los violadores son parte del entorno familiar o inmediatamente cercanos. Podemos notar que al Estado o a estos grupos conservadores que tanto “luchan por las dos vidas”, en realidad no les interesa “salvaguardar la vida” si no que obligan a niñas a parir. Destruyen sin remordimiento alguno una vida que ya existe, que ya fue violentada, y en lugar de buscar medidas que salvaguarden y reparen los daños causados a las sobrevivientes, las revictimizan y a partir de supuestos valores morales sólo deterioran la vida de las niñas e incluso de los bebés que las obligan a tener.

Conforme a lo mencionado anteriormente, se afirma que el derecho al aborto es un derecho humano y que penalizarlo es una vulneración a la dignidad de la persona. Human Rights Watch (2005) menciona que cuando se nos niega la toma de decisiones autónomas respecto al aborto son varios los derechos que se amenazan. Entre estos se encuentran el derecho a la salud y atención médica, el derecho a la no discriminación y la igualdad, a la seguridad personal, a la libertad, a la privacidad, a la información, a no ser sometido al trato cruel, inhumano y degradante, a decidir sobre el número de hijos, a gozar de los beneficios del progreso científico, a la libertad religiosa e incluso el derecho a la vida. Referente a este último, cuando somos empujadas a realizarnos abortos inseguros y clandestinos, corremos un gran riesgo de morir en el proceso. HRW menciona que el 13% de las muertes maternas a nivel mundial se deben a un aborto inseguro; muertes que pudieron ser evitadas.

Esta realidad, tan clara y triste para nosotrxs, es negada en nuestra cara por grupos conservadores y por el Estado burgués, títere de la burguesía. Grupos que basándose en morales burguesas y religiosas olvidan que su dogma no es política pública y que en un supuesto Estado laico no deberían hacer de su religión la medida para la garantía de la salud pública. No olvidemos los nombres de todos los políticos esbirros de la burguesía que han hecho hasta lo imposible para criminalizarnos por querer tener autonomía y decisión sobre nuestros cuerpos: Guillermo Lasso, Lenin Moreno y Rafael Correa, quien en 2013 ordenó retirar la moción de discutir el tema en la Asamblea e incluso amenazó con renunciar a su cargo si se “insistía” en el tema.

En conclusión, abortar es un derecho humano y que se lo siga negando por posiciones religiosas y conservadoras no es nada más que un acto de odio hacia las personas

que gestamos y queremos tener autonomía sobre nuestras cuerpas. Reconocemos que “las leyes, la moral, la religión, son para nosotrxs otros tantos prejuicios burgueses tras los que anidan otros tantos intereses de la burguesía” como ya lo decían Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista, y por lo tanto si, queremos destruir esa moral. Estamos conscientes que las pequeñas reivindicaciones dentro de un Estado burgués no son permanentes, y que el Estado nos quita con una mano lo que nos da con la otra, es por eso que apostamos por la revolución total, por la destrucción total de la moral burguesa, por una revolución cultural, por un nuevo sistema en el que todas las opresiones acaben, incluida la opresión que ejerce el Estado sobre nuestras cuerpas.

*El término mujer es usado en el COIP. Como Frente Femenino Popular Manuela León reconocemos y nombramos que no únicamente las mujeres abortan, sino que hombres trans, personas no binaries y agénero también pasan por estos procesos, por eso a lo largo de este texto nos referiremos a las personas que abortan como “nosotrxs”.